MARZO
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
Celebró su 140 Periodo Ordinario de Sesiones (1-26 marzo)
Se llevaron a cabo audiencias públicas virtuales de cuatro casos que se encuentran en estudio por el Tribunal Interamericano.
Se relaciona con las series de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante los juicios políticos que culminaron con las destituciones del cargo de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay de Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea -presuntas víctimas-. Se alegó que Paraguay violó los derechos a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos, el derecho de defensa, contar con un juez imparcial y otras garantías del debido proceso.
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Se relaciona con las series de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante los procesos de evaluación y ratificación de víctimas, fiscales y jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura entre los años 2001 y 2002. Se alegó que Perú violó los derechos a conocer de forma previa y detallada la acusación formulada, tener el tiempo y medios adecuados para la defensa.
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Se relaciona con las violaciones que ocurrieron en el marco del proceso penal en contra de Manuela que la condenó a 30 años de prisión por homicidio agravado en el contexto de criminalización absoluta del aborto en el Salvador. Además de la violación al derecho a la libertad personal por su detención ilegal mientras se encontraba recibiendo atención médica, se alegó que el Estado violó el principio de presunción de inocencia y la protección judicial, puesto que el proceso se encontró plagado de estereotipos. Asimismo, es de mencionar que Manuela murió siendo privada de la libertad por un cáncer que no fue atendido a tiempo.
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Se relaciona con las violaciones a los derechos humanos derivadas del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados al ejercicio de su profesión. También se alegó que Colombia no adoptó medidas adecuadas y oportunas para proteger a la periodista y prevenir lo ocurrido. Dadas las circunstancias de su secuestro frente a un establecimiento carcelario estatal y retenida varias horas de ese día, se argumentó que el Estado tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en la que la periodista se encontraba. Este caso representa la primera oportunidad que tiene la Corte IDH para desarrollar obligaciones estatales con enfoque de género para garantizar la seguridad de mujeres en el ejercicio del periodismo.
Posterior a la celebración de las audiencias emitió una resolución respecto al incidente de recusación planteado por Colombia donde la Corte Interamericana desestimó dichas alegaciones.
*El juez Humberto Sierra Porto, por ser de nacionalidad colombiana, no participó en el desarrollo de las audiencias públicas de este caso.
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Deliberó dos sentencias de casos contenciosos:
Los hechos de este caso se relacionan con la alegada ejecución extrajudicial, durante un toque de queda en junio de 2009, de Vicky Hernández, una mujer trans defensora de los derechos humanos. Se alegó que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en los contextos de violencia y discriminación en contra de personas LGBT con incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y del golpe de Estado ocurrido en Honduras en ese año.
Los hechos se relacionan con la presunta desaparición en enero de 2004 de Luis Eduardo Guachalá Chimbó. Quien fuera una persona con discapacidad psicosocial mientras se encontraba en un centro público de salud mental ubicado en Quito. Se alegó que Ecuador violó el derecho a la capacidad jurídica de Luis Eduardo Guachalá al institucionalizarlo en un centro de salud mental sin su consentimiento informado. Por lo que se alegó que su internamiento constituyó privación arbitraria de la libertad y discriminación por su discapacidad.
*El juez vicepresidente Patricio Pazmiño, por ser de nacionalidad ecuatoriana no participó en la deliberación de este caso.
Celebró audiencias de Supervisión de Cumplimiento y Medidas Provisionales:
1. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador
2. Conjunta para los Casos de las Comunidades Garífunas Punta Piedra y Triunfo de la Cruz Vs. Honduras.
Supervisó el Cumplimiento de Sentencias y Medidas Provisionales
1. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala.
2. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua.
Aprobó resoluciones de Medias Provisionales
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Celebró de forma virtual su 179 Periodo de Sesiones (15-26 de marzo)
Eligió a eligió su Junta Directiva para el año 2021, la cual por primera vez es integrada por mujeres. Antonia Urrejola Noguera (Chile) fue designada Presidenta, Julissa Mantilla Falcón (Perú) como Primera Vicepresidenta, y Flávia Piovesan (Brasil) como Segunda Vicepresidenta.
Se llevaron a cabo 21 audiencias públicas sobre diferentes temáticas como la situación de defensoras y defensores de derechos humano; situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el contexto de la pandemia de COVID-19; situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas transfronterizos en el contexto de pandemia en Ecuador, Colombia y Perú; derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la pandemia en la región; los derechos humanos de las personas migrantes; derechos digitales, entre otros.
Entre ellas, también se celebraron audiencias relativas a los Estados de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Y cuatro audiencias públicas sobre casos que refieren a los Estados de Panamá, Guatemala, Perú y Colombia. Dentro del Periodo de Sesiones la CIDH sostuvo reuniones relativas a las negociaciones, firma y cumplimiento de los Acuerdos de Solución Amistosa.
La CIDH deliberó sobre una Resolución que será adoptada próximamente. Es relativa a las vacunas contra COVID-19 a la luz de las obligaciones interamericanas, la cual tendrá como objetivo contribuir a orientar a los Estados en el diseño e implementación de políticas y programas de vacunación con enfoque de derechos humanos. Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación sobre las medidas de restricción impuestas por diversos Estados de la región ante la pandemia por COVID-19. Las cuales han sido utilizadas como métodos de intimidación y limitación de las labores de personas defensoras de derechos humanos. También recibió información sobre la criminalización de personas defensoras del medio ambiente y sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la Panamazonía.
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